La investigación tiene su origen en la solicitud de colaboración policial requerida al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de Palma por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de protección al menor de la Comisaría General de Madrid, a raíz de la investigación que realiza este grupo contra la distribución de material de explotación sexual infantil.
Los agentes constataron que el pasado febrero, un hombre de mediana edad subió a la red 22 archivos de vídeos pedófilos desde el domicilio de su residencia eventual en Mallorca.
Por ello, el sospechoso fue arrestado esta semana como presunto autor de un delito de corrupción de menores.